Ante la constante y reiterada vulneración de derechos y libertades fundamentales de las familias españolas con respecto a la educación de sus hijos que realiza este gobierno social-comunista de PSOE-PODEMOS, más aun estando en tiempos de pandemia, CONCAPA elevo una petición al Parlamento Europeo el pasado mes de mayo, en pleno confinamiento, para denunciar y pedir el amparo de la Institución Europea ante la inminente tramitación de una Ley Educativa que generará, sin duda alguna, más división, enfrentamiento y discriminación entre las familias y sus hijos, solo por el mero hecho de elegir el tipo de educación que quieren y desean para sus hijos, recogido en nuestra carta magna en sus art. 16 y 27, así como en el art. 18.4 Asamblea General de Naciones Unidas, Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, 1966, al igual que el art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los presidentes de CONCAPA, Pedro José Caballero, y OMAEC-CEAAAEC, José Antonio Cecilia, denuncian la vulneración de estos derechos y libertades fundamentales tales como la libertad de educación, de elección y creación de centros y la libertad religiosa, así como los derechos de los alumnos con necesidades especiales o algún grado de discapacidad. La negativa, tanto del ejecutivo como del Ministerio de Educación, de llegar a un verdadero consenso en materia educativa con toda la comunidad educativa, a la que en todo momento se ha tenido al margen y fraccionada, han propiciado que CONCAPA y OMAEC-CEAAAEC, organizaciones afines de padres de alumnos y antiguos alumnos, hayan unido sus fuerzas para denunciar ante las Instancias Europeas el atropello al que nos está llevando el actual gobierno de la nación. La nueva ley se ha hecho sin tener en cuenta las directivas aprobadas por el Parlamento Europeo de Estrasburgo hace dos años, concretamente en la directiva sobre “Actualización de la Educación en la Unión Europea”. La vulneración de todos estos derechos y libertades fundamentales generan una discriminación real y efectiva entre las familias, que afectan directamente a:
1.- La gratuidad de la enseñanza obligatoria
2.- La libre elección de las familias
3.- La inversión y los recursos educativos
4.- La discriminación de las familias
5.- La falta de una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales
Un esfuerzo baldío, pues una nueva ley educativa que nace -una vez más- sin consenso será de corta duración y con consecuencias negativas para el sistema educativo a medio y largo plazo. Además, no cuenta con referencias a la nueva situación educativa que se generará en la etapa post-covid19, donde las nuevas tecnologías tendrán un papel primordial y esencial en la impartición de la educación.
